La UNESCO (VV. AA., 2006) considera que la televisión de servicio público debe ser regida bajo los principios de universalidad, diversidad, independencia y diferenciación. Estos medios son esenciales (lo que pudimos corroborar durante la pandemia de Covid 19) para las comunidades y el desarrollo democrático de las sociedades.

En un espectro más amplio, Florencia Toussaint (2016), define a todos los medios públicos por “sus fines, su apremio estético, un interés político, un objetivo que apunta al uso social y educativo de una tecnología, al servicio público con un alcance masivo y que dependen de alguna instancia del Estado". Sin embargo, la práctica muestra que el alcance (y aún más el consumo) masivo de los medios legislativos es hoy en día en nuestro continente una utopía, y que su uso social y educativo es prácticamente nulo, ya que los oficialismos parlamentarios ejercen control sobre las políticas y contenidos, lo que se deriva de la relación de dependencia político-financiera a la que están sometidos, ya que, casi en su totalidad, no sólo no disponen de un presupuesto propio, sino que carecen de instrumentos normativos, no sólo de funcionamiento interno sino que ni siquiera son mencionados en las leyes de medios o servicios de comunicación audiovisual de ningún país de la región, exceptuando a México y Brasil, como dijimos, pioneras en la región. De este modo, sin presupuestos (y por ende sin necesidades técnicas básicas satisfechas), no reglamentados, no institucionalizados, los canales de televisión legislativos se convierten en órganos de prensa anexados a las comunicaciones de la presidencia de la casa parlamentaria de la que son parte, y se alejan del principio para el que fueron o deberían haber sido creados.

Un medio de comunicación de servicio público demanda un marco normativo que le de independencia editorial, autonomía financiera, y acceso pleno a nuevas tecnologías, para garantizar la cobertura y difusión a través de múltiples canales, incluyendo el uso de nuevas (y futuras) plataformas para distribuir sus contenidos a través de los nuevos (y futuros) dispositivos de comunicación. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso (artefactos inteligentes, redes sociales, realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial, etc.) y construye una diversidad de canales de salida para los contenidos producidos, y todos ellos, los que existen hoy en día y los que, como dijimos, se crearán a futuro, deben ser tenidos en cuenta por quienes deben brindar una comunicación audiovisual de servicio público. Esta complejidad tecnológica requiere o bien adaptar lenguajes, contenidos, formatos, o bien producir contenidos específicamente pensados y diseñados para esos canales. Las televisoras legislativas deben adaptar sus contenidos a las redes, transmitir por TV digital, por internet, desarrollar plataformas y aplicaciones móviles, utilizar en su provecho la realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial, y estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos, deben conocerlos para poder adaptarse y cumplir su misión y su visión. Esto implica que las instituciones responsables de la comunicación audiovisual parlamentaria deben contar con recursos humanos capacitados en ello o bien capacitar a los trabajadores actuales en estas áreas, lo cual, lamentablemente, es un aspecto en el que suelen tener un alto déficit las televisoras legislativas en detrimento de otras, tanto públicas como comerciales.

Uno de los principales objetos de la televisión legislativa es la transmisión de las sesiones, comisiones, y actividades relacionadas a la actividad del parlamento, contenido generalmente poco amigable a los formatos, tecnologías y formas de consumo (o visionado) actuales. Pero si la comunicación audiovisual de una casa parlamentaria no quiere convertirse en una mera replicadora, en una caja de resonancia de estos actos únicamente, si a lo que se debe es, como dijimos, a hacer realidad su función de servicio público, no puede quedarse en una posición de mero amplificador de un recinto. Es por ello que su función debe ser la de darle sentido, de manera didáctica y relevante, siguiendo la línea de dar transparencia y rendición de cuentas, a toda la actividad legislativa. Y ello no sólo se resume estrictamente a las sesiones ni a cómo se definió la votación de una determinada ley, sino que es necesario que los canales brinden a las ciudadanas y los ciudadanos, producciones de debate, de reflexión, de análisis, de discusión, sobre todo el trabajo parlamentario que existe más allá del recinto, que informen sobre las formas de intervención y participación ciudadana en el parlamento, que den a conocer ideas y propuestas emanadas de la sociedad y cómo estás pueden llegar a sus representantes, que presenten los problemas de cada país y región y aporten a la ciudadanía, como dijimos, con un lenguaje claro, didáctico y accesible, cómo son trabajados en los congresos, que se indague y se ahonde en los proyectos de ley y en las leyes existentes y en las formas en cómo éstos inciden en su vida cotidiana. Los canales legislativos deben tener un rol pedagógico. Según Rodrigo Moreno (2020), este rol se da en diferentes niveles simultáneamente y de manera compleja. La comunicación audiovisual parlamentaria tiene diferentes “capas” que se deben ir descubriendo para cumplir con ese rol o función. La primera es la cuestión de la cobertura, y esto tiene que ver con varios aspectos. De qué se dispone, qué capacidad de cobertura se tiene, de la voluntad de transparencia, con qué canales se cuenta, etc. La segunda, es la mediación de estos contenidos como dijimos poco amigables y que deben llegar a un público no especializado en materia legislativa. Se trata de contextualizar, hacer introducción, cierre, dar a entender qué está pasando, quién o quiénes están participando y cuáles son sus posiciones, etc. La tercera capa de la que habla Moreno, es la de educar en las reglas del juego democrático, político, parlamentario. Hay que encargarse de que la ciudadanía entienda qué es un parlamento, cómo funciona, cuál es su estructura, cuál es el camino de una ley, cómo se trabaja, etc. Sin convertirse en un canal educativo, un canal parlamentario debe transparentar las reglas y estructuras del Poder Legislativo. La cuarta capa según el autor, es la de la representatividad. Y ésta se refiere muy específicamente no a representar a todos los grupos políticos que forman parte del congreso en cuestión, lo que supondría una obviedad, sino a representar a la sociedad civil toda. La quinta, señala Moreno, es la de ser un puente con la ciudadanía, con las comunidades, establecer vínculo y generar comunidad entre el medio y sus audiencias objetivo. En este sentido, se trata de generar densidad cultural en la ciudadanía toda, para la construcción de la democracia. Hablamos de generar conocimiento y memoria política.

Los canales legislativos deben contribuir a fortalecer la cultura democrática integrando todos estos aspectos a su programación, fomentando y desarrollando mecanismos abiertos de participación de las audiencias, deben transmitir a la población toda que la democracia no es sólo una palabra, no es sólo votar, sino que se construye día a día. Un canal legislativo debe tener como misión la defensa de la democracia (DA SILVEIRA; 2020). La televisión legislativa tiene la capacidad innata de construir ciudadanía, de estrechar la distancia y el vínculo ahora lejano entre representantes y votantes, de aportar a la transparencia y a la rendición de cuentas, de contribuir a la materialización de derechos, como dijimos, no sólo al derecho a la información y a la comunicación sino a todo el espectro de derechos que le son propios a la ciudadanía. Pero claro, no se debe ni sobre estimar ni sobre exigir en sus funciones a las televisoras. Ellas no son en sí mismas LA transparencia ni garantes únicas de la transparencia, de la rendición de cuentas ni de los derechos. Hay otros procesos, cuestiones, leyes, voluntades y políticas que deben existir para que esos ideales sean una realidad. Pero lo que sí estamos obligados a exigirles, es a maximizar su potencial en este sentido. Por ello, debemos comprender cómo hoy la población consume, usa o ve el audiovisual en términos generales y cuáles son sus características, objetivos y funciones dentro del complejo ecosistema mediático actual y futuro.

Hoy sabemos que el audiovisual es multipantalla, televisores conviven con computadoras, tabletas y celulares, y se consumen en forma alternada o simultánea. También podemos decir que la televisión sigue siendo eje de la convergencia, los viejos medios no están siendo desplazados sino que sus funciones y status están cambiando con la introducción de los nuevos medios y tecnologías (CARLÓN; 2022) . La TV sigue siendo clave en la memoria individual y colectiva de las sociedades contemporáneas. Por ello, lo que tenemos es una televisión que sigue siendo gran instaladora de agenda, pero articulada con redes y plataformas, una TV que es parte de un gran y complejo ecosistema mediático y de narrativas transmedia.

El audiovisual todo, no sólo la TV, sigue siendo fuente primordial en la producción de sentido y en el acceso y adquisición de bienes simbólicos. Sus contenidos inciden de manera relevante y muchas veces también determinante en la calidad de vida de la ciudadanía y de las sociedades. Es por ello que los medios de servicio público son insustituibles y no puede dejarse librado al control privado su funcionamiento y contenido, ya que sólo el Estado es garante de derechos en condiciones de igualdad y universalidad para su población.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que desde hace varios años, se cree o supone que los consumidores/ usuarios de audiovisuales tienen la opción u oportunidad de acceder a los contenidos donde los deseen, cuando lo deseen y con una diversidad de tecnologías que va desde un teléfono inteligente, pasando por los portales de internet, o bien a través de las redes sociales, siendo ellos sus propios programadores y no alguien sentado en una oficina que determina cuándo se puede o no ver determinado contenido. Sin embargo, en la televisión comercial esto está dejando de ser así. Las plataformas han puesto abonos low cost que han hecho que las publicidades vuelvan a “invadir” el visionado sin interrupciones, han pautado estrenos en días y horas fijadas, han dosificado estrenos de episodios de serie en forma semanal o mensual, y nos brindan “sugerencias” que orientan nuestra libre elección. Sumado a ello, plataformas, aplicaciones y redes han agregado los “vivos”, e incluso el live streaming shopping (RESPIGHI; 2023). También vemos hoy que las grandes cadenas, multimedios y empresas se adaptan, se reciclan y esparcen por todo el ecosistema medial convergente. Todo ello ha demostrado que el ideal democrático de internet y las redes está lejos de haberse hecho realidad. El libre uso, la libre elección de contenidos, la elección de cómo, cuándo y qué vemos está siendo nuevamente digitado con el consecuente peligro de fomentar formas de control sobre los contenidos y la producción de sentido como hemos señalado. Es un proceso reciente y dinámico. No sabemos a ciencia cierta cómo será la televisión del futuro, lo que sí sabemos, es que no se verá (al menos en forma exclusiva) por televisión, será una comunicación audiovisual multipantalla, con audiencias que se moverán de una pantalla a otra; y que dependerá de la ciudadanía, de movimientos y organizaciones sociales, pero sobre todo de los estados, que se regule de manera justa, eficiente y sostenible este complejo ecosistema del que también son parte las televisoras de servicio público.

Ahora bien, cómo adaptamos dentro de este ecosistema a los canales legislativos, a la comunicación audiovisual parlamentaria con sus necesidades específicas, sus objetivos y su misión.

Lo primero a remarcar, es que debemos tener presente todos los aspectos novedosos de las tecnologías, del consumo, y de la percepción, sin perder de vista su función social.

La información y el “contenido” producido por las casas parlamentarias como señalamos, no es un contenido “amigable” ni para la producción del audiovisual actual ni para los ciudadanos de hoy en día, quienes, además de no estar especializados en la gramática parlamentaria ni en materia legislativa, y mucho menos en sus reglamentos, son parte de ese ecosistema audiovisual digital que marca tiempos de “consumo” de contenidos, ritmos, estéticas, tecnologías y percepciones, muy alejados de lo que los canales legislativos les ofrecen actualmente. Existe hoy lo que Byul Chung Hang (2020) llama percepción serial, un tipo de percepción que no es capaz de experimentar la duración, lo duradero, que aumenta el déficit de atención y conduce a los “atracones” televisivos, un visionado adictivo que, si lo sumamos al consumo/ uso del celular, que es todo menos algo duradero, con una trepidante alternancia que nos impide demorarnos en algo, estamos frente a un consumo adictivo de lo breve. Frente a ello, el autor señala que existe la percepción simbólica. Una percepción que sirve para reconocerse, capaz de percibir lo duradero, capaz de percibir valores, mantener cohesionada una comunidad y fijar una atención profunda. La percepción serial es extensiva, la simbólica intensiva.

Sin embargo, desde mi punto de vista, esto no debe ser un impedimento, una excusa o un argumento para que la comunicación audiovisual parlamentaria no cumpla su cometido. Si bien el ideal sería otro, la percepción serial es una realidad ineludible. Sólo zanjable con cambios culturales a los que podemos apuntar pero que hoy distan mucho de ser una realidad. Tampoco debemos dejar de lado la posibilidad, y yo diría la necesidad de hacer crecer la audiencia de los canales legislativos. Sin caer en las lógicas de la televisión comercial, ni en los contenidos generalistas de otro tipo de televisoras públicas, es decir, sin olvidar su carácter de servicio público y su especificidad, los canales parlamentarios deben renovarse, reinventarse, revitalizarse, hacer crecer a sus audiencias, llegar a ellas y hacer participar a una ciudadanía acostumbrada a este tipo de percepción y consumo.

Resumiendo, el ecosistema audiovisual/ mediático fue conmocionado por una revolución, convergencia, giros tecnológicos, lenguajes, visionado, percepción, interactividad, plataformas, redes sociales, etc. Y esto significó un desafío para todos los medios, pero para los medios públicos y para los parlamentarios especialmente, significó (y significa) un doble o triple desafío, porque además de adaptarse a estos cambios deben hacerlo sin la estructura financiera y tecnológica que sí tienen los grandes conglomerados de TV comercial, y deben hacerlo manteniendo la finalidad para la que fueron creados. Si a eso le sumamos la falta de normativa, de institucionalización y los vaivenes en las conducciones de los parlamentos que dificultan la continuidad de las políticas comunicacionales, el uso de los oficialismos como anexo a sus comunicaciones y la falta de capacitación del personal, el panorama no deja de complejizarse en un mal sentido.

Sin embargo, creo que es posible producir contenidos parlamentarios/ legislativos atractivos cumpliendo con su naturaleza específica y con su deber de servicio público.

Una de las salidas es la intercomunicación, la coproducción, la cooperación el intercambio, la articulación, la red, entre los diferentes medios parlamentarios. Esto es lo que buscamos desde ALCAP (Asociación Latinoamericana de Comunicación Audiovisual Parlamentaria), asociación que presido. Es algo que empieza a surgir desde los medios parlamentarios pero que tiene una historia en los canales públicos, con la Red TAL (Televisión América Latina) como punta de lanza y guía. Ante el desafío que nos propone el ecosistema, ante esta enorme dificultad, quienes hacen todos los días los medios de servicio público, sin perder de vista su misión de transparencia y democracia, responden con modelos colaborativos, compartiendo buenas prácticas, coproduciendo, sin conflicto "comercial" por ese compartir que puede incluir tanto experiencias como formatos, etc. Creo que este es uno de los grandes caminos que deberá recorrer la televisión legislativa en su futuro.

Por otra parte, la comunicación audiovisual parlamentaria no sólo debe apuntar en este sentido. Debe tener una programación que complemente, que acompañe, que vaya de la mano de los contenidos estrictamente de carácter legislativo. Si tenemos en cuenta la diversidad de temas que se trabajan en los congresos, vemos que lo exclusivamente parlamentario, los procesos legislativos y las sesiones son un punto que se multiplica exponencialmente. Y no sólo eso, encontramos que el contenido ya no es “poco amigable”, sino que, por el contrario, se transforma en cuestiones de alto interés. Hemos visto que cuando un tema interpela con fuerza una sociedad, ya sea por su apoyo o rechazo, los medios parlamentarios captan una audiencia muy importante. Por ejemplo, en Argentina cuando se discutió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en 2018 y en 2020, sólo por citar un ejemplo, el rating de las televisoras parlamentarias explotó, la gente se convocó en las calles y veía las sesiones en pantallas gigantes, porque la interrupción voluntaria del embarazo tocaba creencias, valores, fibras muy íntimas de la ciudadanía, y ésta veía también que esa ley podía afectar muy concretamente su vida. También en la pandemia hubo un aumento significativo de la audiencia de los canales y transmisiones legislativas. En este sentido, la pandemia puso de relieve que la comunicación audiovisual parlamentaria es un servicio esencial para la ciudadanía. Cuando todos tuvimos que quedarnos en nuestros hogares para frenar la propagación del virus y sólo quienes cumplían tareas esenciales e indispensables para el funcionamiento vital de la sociedad podían salir, allí vimos que el audiovisual parlamentario era esencial para el funcionamiento democrático. Y de nuevo vimos como las audiencias se incrementaban cuando se votaban temas sensibles: leyes de emergencia económicas, ayudas, vacunas, y otras medidas. Entonces vemos que la audiencia está cuando se siente interpelada, cuando siente que los parlamentarios debaten, y que eso que sobre lo que debaten puede modificar su vida, o que afecta sus valores, sus creencias. Entonces la audiencia aparece. Y si la audiencia está, el tema pasa a ser cómo hacemos para seducirla, para interpelarla, para brindarle un contenido que la seduzca, que no le exija más tiempo que el que realmente puede disponer (difícilmente alguien pueda ver una sesión legislativa completa), para informarse, conocer y ser parte de la vida parlamentaria. Lo que hay que buscar entonces es la forma, o el formato en que se va a abordar. La forma en que el contenido audiovisual parlamentario se va a hacer lugar en el complejo mapa de las comunicaciones actuales. El el storytelling (PRIOR, LESTON BANDEIRAS; 2022) y las producciones transmedia (que nos llevan de una pantalla a otra, y de éstas a otros soportes como un impreso e incluso una lista musical (hay parlamentos que han creado listas en plataformas dedicadas a la música), son buenas estrategias a considerar por los parlamentos. Tienen mucho que aportar a la hora de expandir nuestro conocimiento sobre temas parlamentarios, e invitan a participar activamente.

El audiovisual parlamentario o legislativo debe producir contenidos diversos, que muestren la diversidad ideológica, la multiculturalidad de los pueblos, por medio de mecanismos que no excluyan ningún tipo de expresión, y que favorezcan la inclusión y la participación ciudadana de manera sostenible. Y debe poder utilizar para ello todo tipo de formatos, tecnologías, lenguajes o estrategias, siempre que éstos sean pertinentes y el contenido producido no se desvíe de su objetivo.

En esta misma línea, creo que el audiovisual parlamentario debería por ejemplo utilizar la ficción. Ha habido excelentes muestras de televisoras públicas (y privadas) que han contado en formato de ficción hechos históricos sobre la propia construcción de sus estados y luchas. Creo que este también es un formato que deberá incluir la televisión legislativa en un futuro cercano. Sería deseable también poder adquirir derechos de documentales y/ o ficciones relevantes para nuestros pueblos desde lo comunitario hasta lo internacional, pero sabemos que, sin presupuesto, esto es impensable para los canales legislativos. Y ahí vuelvo a la respuesta del trabajo en red y colaborativo de organizaciones como TAL y ALCAP. Y no sólo como forma de adquirir contenidos relevantes para la propia institución, sino como forma de abrir ventanas a los contenidos propios.

Creo también que los canales legislativos deberían abrir en mayor medida su programación a contenidos parlamentarios regionales e internacionales. En un mundo globalizado, conectado, se debe aportar una mirada amplia sobre lo que sucede en otros parlamentos del mundo y su incidencia en la vida de las audiencias. Y lo mismo a nivel regional en América Latina. Un continente que aspira a ser una Patria Grande no puede ignorar los sucesos, las leyes, la vida política, social y parlamentaria de aquellos con quienes comparte este ideal. ALCAP ha desarrollado un proyecto de plataforma audiovisual parlamentaria para poder colaborar en la materialización de este punto.

Tampoco el entretenimiento debe ser excluido de los canales parlamentarios, “sólo es aconsejable que el criterio por el cual es producido sea estricto y apegado a los ejes rectores que guían los canales parlamentarios, la búsqueda es ofrecer una visión global de la vida política, los procesos, los líderes y la historia que forma parte de nuestra formación como ciudadanos” (SALAS; 2022).

Como señala Salas, reportajes, mesas de debate, cápsulas de divulgación, e informativos, por supuesto no deben faltar, pero hace falta trabajar en ellos para incluir estéticas, temáticas, lenguajes, interacciones, formatos y duraciones diversas que los hagan más atractivos y despierten el interés proporcionando un entendimiento más acabado de lo legislativo. La televisión legislativa no sólo debe informar, debe producir conocimiento, que es muy diferente a transmitir información.

Acá quisiera destacar que la información veraz y la transparencia que deberían ofrecer este tipo de programas de producción legislativa, está enfrentando otra cara, las noticias falsas o fake news. En este sentido, los medios de servicio público deberían ofrecer y garantizar transparencia genuina, ofrecer un compromiso junto con autoridades de la casa y representantes, para erradicar de sus pantallas y comunicaciones este tipo de falsedades, así como crear mecanismos eficaces para que no puedan llegar nunca a ser parte de ellas. Destaco aquí la iniciativa llevada a cabo en Uruguay por la Asociación de Prensa Uruguaya, donde los partidos políticos se reunieron y suscribieron en el parlamento un pacto renunciando a utilizar noticias falsas en las campañas políticas. Si bien no fue una iniciativa parlamentaria, creo que es un acto que implica un grado de comprensión de cómo estas (falsas) noticias afectan la calidad de las democracias, que es uno de los objetos de los audiovisuales legislativos.

Otro punto imprescindible a tener en cuenta desde mi punto de vista, es el contenido infanto juvenil de la comunicación audiovisual parlamentaria. La participación de las y los jóvenes es vital para cualquier sociedad. Incluir la participación de nativos digitales en las comunicaciones legislativas puede aportar una fresca renovación a las pantallas de los parlamentos, acercando un público que actualmente no le es de fácil acceso. Jóvenes influencers pueden ser aliados de los parlamentos y ayudar a la divulgación de políticas de medio ambiente, cambio climático o política internacional, abriendo el parlamento a un mundo al que por el momento parece tener poca entrada y crear una sinergia con él (DUCH GÜILLOT; 2020). Por supuesto, creo que no está de más repetirlo, sin olvidar su misión, así como la relevancia y pertinencia que puedan tener estos contenidos. No se trata de hacer un show parlamentario ni seguir las lógicas de la comunicación audiovisual comercial sino de encontrar la manera en que los nuevos medios, los nuevos lenguajes, las nuevas tecnologías, aporten al desarrollo de estas comunicaciones positivamente. Y respecto de los contenidos infantiles, hay que señalar que si bien ha habido algunas producciones legislativas de este género, falta desarrollo en cuanto a la cantidad y calidad en esta área. En los últimos años hemos visto como la televisión pública infantil en países como Argentina, Colombia o Brasil por mencionar algunos, se ha desarrollado alcanzando un nivel impensable tiempo atrás. Bueno sería para las comunicaciones audiovisuales parlamentarias hacer acuerdos y que estos nuevos contenidos y personajes que han logrado gran llegada a la ciudadanía infantil pudieran adentrarse en los parlamentos y sus audiovisuales.

Un último punto al que deberían apuntar los audiovisuales legislativos, es la de coproducir con otras “instituciones afines como aquellas dedicadas a la fiscalización del gasto público, a la rendición de cuentas y la transparencia, a la política internacional del país, o los centros de estudios con los que cuentan las cámaras legislativas y que realizan investigaciones, encuestas o estudios que difícilmente ven la luz al público, todo ello debe ser tomado en cuenta como insumo para la producción de contenidos, en una alianza que apoye la divulgación de esas instancias y que sobre todo el público o los usuarios de las plataformas digitales legislativas tengan accesos a ese tipo de información pero presentada de una forma más atractiva” (SALAS; 2022).

En su estructura, un canal legislativo de servicio público debería tener una normativa institucional que se inserte en un marco más amplio como un sistema de medios públicos y una ley de servicios de comunicación audiovisual que lo contemple. Debería tener autonomía presupuestaria, contar con la tecnología necesaria para cumplir sus objetivos, y debería tener, además de la regulación del estado, la posibilidad de participación y auditoría de los diferentes grupos y partidos políticos con representación parlamentaria, así como de las audiencias, organismos y organizaciones de la sociedad civil. Debería poder desarrollar estrategias a corto, mediano y largo plazo; definir su estrategia y sus objetivos y un plan que le sirva como herramienta de gestión. Y debería definir su estatuto interno para institucionalizar su gestión, y cumplir con los deberes y responsabilidades que le atañen en función de su misión.