Otras redes, comienzan a juzgar la veracidad de los hechos que sus participantes publican en sus propios canales, incluso haciendo acuerdos con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que luego de la pandemia se ha transformado en una de las “desorganizaciones” más cuestionada, operada y atravesada por los intereses de los laboratorios más poderosos del planeta. En lo sucesivo veremos cómo según sus intereses y posiciones estas corporaciones mediáticas van a moderar a quienes participan en las redes sociales y moldear los perfiles, gustos e intereses de quienes las consumen.

Ante este panorama en el campo legislativo, vemos como el Covíd con las consiguientes restricciones a las reuniones presenciales, aceleró la llegada de las plataformas virtuales a los debates políticos e incluso a los mecanismos de identificación de los legisladores y hasta los sistemas de votación. Resulta sorprendente participar de debates propuestos por

organizaciones civiles internacionales, en donde los responsables de las áreas tecnológicas del poder legislativo de diferentes congresos nacionales, cuentan sus experiencias y recomiendan, diferentes plataformas de comunicación para las reuniones virtuales, tal el caso de HUB HISPANO, que avanza sobre un informe mundial de tecnologías en los parlamentos.

El año 2020 ha sido exponencial en la aparición de aplicaciones para lograr reuniones virtuales, Zoom, Meet, Teams, Zamba, Webec, son solo un ejemplo de las muchas posibilidades que promueve el mercado digital, para llevar adelante reuniones de comisiones, asesoramiento, sesiones, convenciones e incluso reuniones de mandatarios. Sin ir más lejos el Ministro de Economía de la Argentina Martín Guzmán, confesó en una entrevista que uno de los éxitos, producto del acuerdo con los bonistas, (tenedores de títulos públicos) fue la posibilidad de haber realizado toda la negociación durante la pandemia sin tener que realizar ninguna reunión presencial.

En el ámbito del Poder Judicial, las mediaciones prejudiciales remotas o a distancia llegaron para quedarse, al menos en el caso de la Pcia. De Buenos Aires que ya incluyó la modalidad en la misma Ley de Mediación, también se intentaron experiencias en audiencias penales orales a distancia, como para casos de flagrancia, que si no pudieron continuar haciéndose fue por el lamentable estado del sistema informático del Poder Judicial provincial.

Volviendo, a la situación de los parlamentos, tengo la necesidad de reflexionar sobre la pérdida de soberanía de la que pueden ser víctima los representantes de la ciudadanía, al tener que depender de aplicaciones provistas por corporaciones comunicaciones extranjeras para clarificar la voluntad en cuanto a las posibilidades de expresar opiniones e incluso de manifestar la intención de su voto. A caso la caída del sistema, cuestión que ya la hemos sufrido innumerable cantidad de veces en el sistema financiero, también pueda suceder en el marco de las sesiones legislativas, con graves consecuencias para el orden social institucional, si es que no se está de acuerdo con lo decidido, alguien ajeno a la voluntad popular estaría en condiciones de apretar “enter”. Es más, lo sucedido en los últimos días con el intento de regular las tarifas de los prestadores de telefonía, Internet y televisión por cable, al ser considerados servicios de interés público, no hace más que cuestionarnos sobre ¿Dónde está el verdadero poder y quien gobierna a quién?

Resulta imprescindible, constituir sistemas de comunicación públicos, libres, abiertos y transparentes que garanticen la participación ciudadana y promuevan el desarrollo tecnológico y de innovación en el marco del derecho humano a la comunicación, mediante la acción de organismos públicos como Arsat, Invap y el Conicet, entre otros y del ámbito académico, de lo contrario el tsunami que está arrollando al mundo penetrará los cimientos de los sistemas democráticos, y nos encontrará en los años venideros discutiendo con inteligencias artificiales el voto calificado y la participación directa de las corporaciones económicas y financieras en la construcción de los propios ordenamientos legales.